El gobierno aprueba el anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial

Cuando apenas se ha comenzado a poner en marcha el modelo de Oficina Judicial diseñado en la reforma del 2003, el gobierno aprueba una nueva LOPJ que afectará plenamente a ese diseño. Ello demuestra, una vez más, el afán de protagonismo de que hacen gala últimamente todos los políticos que tienen responsabilidades en materia de Justicia, ya sea en el ámbito nacional o en el autonómico, para aparecer como los salvadores de la Administración de Justicia. ¿Cuándo se darán cuenta de que lo que hace falta para solucionar los graves problemas y el atasco generalizado es más inversión en medios personales y materiales, y no modificar las leyes antes incluso de que entren en vigor?

Principales novedades en la organización judicial prevista en la reforma

·      Se instauran los Tribunales Provinciales de Instancia. Desaparecen por tanto los Partidos Judiciales. Tendrán cinco Salas (una por cada orden jurisdiccional, y una Sala de Asuntos Generales)  Los Tribunales de Instancia tendrán Unidades (servidas por jueces unipersonales, y asumen en general las competencias de los Juzgados unipersonales actuales) y pueden tener Secciones (servidas por jueces funcionando como órganos colegiados, asumiendo en general las actuales competencias de enjuiciamiento en primera o única instancia de las Audiencias Provinciales) Su sede será la capital de la provincia respectiva, si bien puede haber sedes desplazadas en atención a diversas circunstancias como volumen de población, asuntos, etc.

·      Se mantienen el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional (que asumirá el conocimiento de los asuntos que ahora conocen los Juzgados Centrales, además de las actuales competencias) y los Tribunales Superiores de Justicia (que asumirán, también, la segunda instancia en los asuntos civiles y penales (las apelaciones, que ahora sustancian las Audiencias Provinciales)

·      Desaparecen los Jueces de Paz. El personal que actualmente presta servicios en los Juzgados de Paz y en las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz pasará a integrarse en los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos de sus actuales cabezas de partido judicial. En razón del volumen de trabajo y la población, pueden establecerse sedes desplazadas de esos servicios comunes en aquellas localidades en que sea necesario.

·      El Cuerpo de Secretarios Judiciales pasa a denominarse Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

·      Se mantiene el resto de Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia (Forenses, Gestión, Tramitación, Auxilio, y Cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses: Facultativos, Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio) Se mantiene el carácter nacional de todos ellos y la dependencia orgánica del Ministerio o de las CCAA que hayan asumido las competencias.

·      Oficina Judicial.-

–    Se mantiene la diferenciación de Unidades Procesales de Apoyo Directo a Jueces, (que asistirán directamente a las Unidades Judiciales y a las Secciones Judiciales), y los Servicios Comunes Procesales (que asumen labores centralizadas en la gestión, tramitación y ejecución de los procesos al servicio del Tribunal en su conjunto, de alguna de sus Salas o de concretas Unidades o Secciones judiciales). Al frente de los Servicios Comunes habrá un Letrado de la Administración de Justicia. La extensión territorial de sus competencias se corresponderá con la del Tribunal al que sirve. Excepcionalmente, podrán tener un ámbito territorial inferior cuando la mejor prestación de servicios a los ciudadanos así lo exija.

–    Los servicios comunes procesales podránsubdividirse en secciones y éstas enequipos.

–    Unidades Administrativas.- Se mantienen, y en ellas pueden prestar servicio funcionarios de Justicia, del Estado o de las CCAA.

–    La ordenación de los puestos de que están dotadas las oficinas judiciales se hace mediante las Relaciones de Puestos de Trabajo.

–    Centros de destino:

El Ministerio da una vuelta de tuerca más, y a partir de ahora la mayoría de los destinos serán provinciales (no municipales, como hasta ahora). Así, los nuevos centros de destino según el Anteproyecto, serán los siguientes:

1.º El conjunto de servicios comunes procesales que radiquen en la misma provincia. No se considerará cambio de destino el cambio de un servicio común a otro dentro del conjunto de servicios comunes.

2.º El conjunto de unidades de apoyo directo a órganos judiciales que radiquen en la misma provincia.

3.º El Registro Civil Central y los Registros Civiles Únicos de cada localidad, donde los hubiese.

4.º Cada una de las Fiscalías o Adscripciones de Fiscalías.

5.º En los Institutos de Medicina Legal, aquellos que su norma de creación establezca como tales.

6.º En el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, aquellos que su norma de creación establezca como tales.

7.º La Mutualidad General Judicial.

8.º El Tribunal Supremo.

9.º La Audiencia Nacional.

Como puede verse, se mantienen los Registros Civiles como centros de destino; no obstante, dado que está aún sin determinar por el Ministerio qué va a pasar con los Registros Civiles, dado que la nueva Ley de Registro Civil entra en vigor el próximo mes de julio, es muy probable que se eliminen como centros de destino, salvo que el Ministerio definitivamente acepte la propuesta que hemos realizado desde STAJ y otras organizaciones, de que se mantenga servido por funcionarios de Justicia.

–    Se mantiene la diferenciación de puestos en Puestos genéricos, singularizados y puestos de libre designación.

Otras novedades importantes que introduce el anteproyecto:

·      Promoción interna.- Se desvincula de las ofertas de Empleo Público, de modo que se pueden convocar proceso de promoción interna sin necesidad de convocatoria de oposición por el turno general. No obstante, cuando haya convocatoria de turno general, hay que reservar un 30% para promoción interna.

·      Atribución de funciones procesales públicas a los procuradores:  En los casos y términos previstos en las leyes, los Procuradores podrán realizar los actos procesales de comunicación judicial, embargos y ejecución, a excepción de los lanzamientos, así como otras tareas de auxilio y cooperación con los Tribunales.

Para la realización de los actos de comunicación, los Procuradores ostentarán capacidad de certificación y dispondrán de las credenciales necesarias. Para el cumplimiento de los embargos y demás actos de ejecución para los que estén legalmente facultados, tendrán la condición de agente de la autoridad y capacidad para documentarlos, bajo la dirección del Letrado de la Administración de Justicia y con sometimiento a control judicial.

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